martes, 20 de febrero de 2018

Admitida a trámite la querella que el PP presentó contra el Ayuntamiento de Madrid y la EMT por "posible malversación" en el caso Bicimad

ISABEL F: LANTIGUA
19 FEB 2018

Una bicicleta del servicio del Ayuntamiento. OLMO CALVO

El mismo día en que ha quedado constituida la comisión de investigación de Bicimad -aunque no puede echar a rodar aún porque la oposición no tiene la documentación que necesita para dilucidar si hubo irregularidades en el contrato de cesión por 10,5 millones de euros por el que el Consistorio municipalizó el servicio de bicicletas, hasta entonces gestionado por la empresa Bonopark- la Justicia ha admitido a trámite la querella que el PP presentó por este caso, para ver si hubo «una malversación de caudales públicos en la cesión del contrato de Bicimad, que a nuestro juicio indiciaria y presumiblemente se ha podido producir».

La querella fue presentada hace casi un mes en los juzgados de Plaza de Castilla y estaba dirigida contra la delegada de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Sabanés, y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia. La juez la ha admitido a trámite pero, por el momento, ni Sabanés ni Fernández Heredia son llamados a declarar.

Desde el Ayuntamiento confirman a EL MUNDO que esto era "previsible, porque la querella no tiene errores formales, por tanto se admite y se abren diligencias". Y aseguran que colaborarán y "entregarán toda la información que les solicite el juzgado".

Por su parte, en el PP señalan que el auto "indica que presuntamente existen delitos de malversación" y que eso es el "paso previo para llamar a declarar a los implicados". En concreto, el auto, al que ha tenido acceso este diario, establece que "los hechos [...] hacen presumir la posible existencia de delito/s de malversación cuya instrucción corresponde a este órgano judicial". No obstante "no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 757 y 774 de la citada ley procesal, instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal discriminación y, en su caso, el procedimiento aplicable".

La juez solicita a la EMT que "facilite a este juzgado todo el expediente del que disponga sobre los trámites realizados respecto a la Transferencia de Unidad de Negocio suscrito entre Bonopark y la EMT, así como toda la documentación e información que posean sobre la valoración del precio acordado por la cesión". El Ayuntamiento pagó 10,5 millones de euros para quedarse con el servicio. El juzgado pide también actas de sesiones y que se informe si en septiembre de 2016 existía el cargo de director financiero. Esta última petición es importante para esclarecer si se falsearon informes o no.

Al área de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento le pide informes contables y expedientes completos sobre la cesión así como la cuenta "donde se efectuó el pago y la forma en que se llevó a cabo".

Por su parte, a Bonopark le solicita "la información completa del expediente de transferencia de Unidad de Negocio del Servicio Bicimad" así como "los informes económicos realizados por expertos que avalen el valor neto".

El portavoz municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado tras conocer la admisión a trámite de la querella que "Manuela Carmena tiene a su Gobierno en un juzgado de lo penal como consecuencia de la realización de determinadas actuaciones que pudieran ser constitutivas de delito". Según el líder del PP "el Gobierno que vino a regenerar la política, en estos momentos se está defendiendo en los juzgados".

Fuente: El Mundo


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